La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, de 10 de octubre, constituye la norma procesal por excelencia del ámbito social. Las normas de procedimiento laboral se caracterizan por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso. Aunque se mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consolidando con ello los principios rectores, distribución de reglas y la organización interna de la anterior, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho, ofreciendo una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebrador de la vida social y económica, al mismo tiempo que reforzando la seguridad jurídica del marco de encuentro entre los operadores sociales y económicos, así como en la actuación de las entidades u organismos gestores o colaboradores de las referidas prestaciones sociales.
La presente edición continúa aportando a los estudiosos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad una norma actualizada, puntualmente anotada y concordada con otras disposiciones legales y reglamentarias. Destacan las puntualizaciones aclaratorias de los preceptos comentados, así como una amplia referencia a la jurisprudencia nacional más actualizada, pero también la incorporación de las decisiones judiciales más relevantes sobre la materia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
