Los nuevos desafíos de seguridad pública establecen la necesidad de adoptar ciertas medidas que inciden en el ejercicio de determinados derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. Es necesario conciliar el interés público del mantenimiento de la seguridad pública con la privacidad. En todo caso, la utilización de sistemas de videovigilancia policial en la vía pública en determinadas condiciones y conforme a la ley no puede considerarse una intromisión inaceptable en la intimidad.
DATOS DEL AUTOR:
CARLOS ENRIQUE SERRA es Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba y Diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca. Colaborador del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía «Democracia, Pluralismo y Ciudadanía». Funcionario público y experto en Seguridad Pública. Ha publicado artículos de opinión e impartido conferencias sobre libertad, seguridad, globalización, dialéctica entre civilizaciones e inmigración.
